Corrupción en España

Se entiende por corrupción la acción o inacción de una o varias personas reales que manipulan los medios públicos en beneficio propio y/o ajeno, tergiversando los fines del mismo en perjuicio del conjunto de la ciudadanía a la que debían servir y beneficiar. La corrupción ha ocupado la atención de la sociedad española, contribuyendo incluso a derribar a gobiernos como los de Alejandro Lerroux con el escándalo del estraperlo y el asunto Nombela (1935), o los de Felipe González por algunos casos de corrupción, ajenos a la figura del presidente.​

Cada año, Transparencia Internacional publica un índice sobre la percepción de la corrupción en todos los países del mundo. La estadística muestra cómo la población evalúa la corrupción en su país, de 1 a 10. En 2008 España obtuvo una nota de 6'5, seis décimas menos que el máximo obtenido en 2004, y que corresponde al puesto 28 en una lista de 180 países, ocupando el 14º entre los 25 miembros de la Unión Europea.​

La corrupción en España en el transcurso de la Historia

El reinado de Felipe III

El período en que el Duque de Lerma ejerció el gobierno de España en nombre de Felipe III, fue uno de los más notoriamente corruptos. Se destacaron los casos de Pedro Franqueza, Rodrigo Calderón y el propio Duque de Lerma.

El siglo XIX

La reina regente María Cristina de Borbón se hizo célebre por su participación en negocios turbios que favorecieron el rechazo entre el pueblo y los políticos. Participó en operaciones de especulación con la sal, con los ferrocarriles e, incluso, con la ilegal trata de esclavos, en los que participaba también Narváez. Se llegó a afirmar que no había proyecto industrial en el que la Reina madre no tuviera intereses. Su fortuna se estimaba en 300 millones de reales. ^{[cita requerida]}

La II República y la Guerra Civil (1931-1939)

Nada más llegar al poder, los partidos republicanos comenzaron a repartir sinecuras a mansalva. El 5 de octubre de 1931, Joaquín del Moral dio una conferencia titulada Inmoralidad Política en el Ateneo de Madrid (posteriormente recogida en su obra Oligarquía y enchufismo) dando las sumas acumuladas por las minorías del Gobierno: en total, el PRR, el PSOE, PRS, AR y ERC se repartían 24 millones de pesetas (41 millones de euros de 2006) anuales.

Ya en los primeros presupuestos de la República, los gastos anuales aumentaron más de 1.000 millones con respecto a los del a Monarquía, sin que las partidas estuvieran del todo claras. Así por ejemplo, los gastos de coches oficiales importaban 11.295.000 pts. en el presupuesto aprobado el 28 de diciembre de 1932. Se habían comprado 31 coches Chrysler, con un coste total de 950.000 Pts, de ellos 8 del modelo Imperial, con motor de ocho cilindros y, lujo inaudito, radio incorporada, a 70.000 ptas. (120.000 €) cada uno. A preguntas de Gil-Robles reconocía el Ministro que cuando los republicanos llegaron al poder había 58 coches oficiales en Madrid, y ahora serían 741, con una plantilla de 760 conductores. El gasto de gasolina era de 3.000 litros diarios. En palabras de Julio Camba (Haciendo en República; Madrid, 1934):

"…una cosa es tener automóvil cuando se es, por ejemplo, ministro, y otra cosa es hacerse ministro para tener un automóvil. El automóvil de los ministros no puede ni debe ser nada más que un instrumento de trabajo, y si en rigor es admisible el que, dentro de un régimen cualquiera, se haga ministro a un señor cuyo programa político se reduce a pasear a la familia dentro del coche oficial, la cosa en cambio, resulta inadmisible de todo punto cuando para hacer ministro al señor en cuestión ha habido necesidad de transformar por completo los fundamentos del Estado (...) Está muy bien, en fin, que los servicios públicos se retribuyan con holgura; pero, si se hace una revolución para encargarse de los servicios públicos y luego resulta que al encargarse de estos servicios públicos no se perseguía otra finalidad más que la de retribuirlos con holgura, la cosa varía."

El escándalo del estraperlo y el asunto Nombela (1935), supusieron el derrumbe del Partido Republicano Radical de Alejandro Lerroux, quedando el centro político sin representación y potenciando a los extremistas de izquierda y de derecha. La polarización que este escándalo provocó fue una de las varias causas que precipitaron el fin de la República y el inicio de la Guerra Civil.

Durante ésta, el gobierno republicano, enfrentado al embargo de armas impuesto por el Comité de No Intervención, tuvo que recurrir a dudosos canales de compra, lo que hizo que sus agentes hubieran de gastar enormes sumas de dinero, parte del cual se desvió de forma irregular, en la compra de armas y suministros en el extranjero, siendo los casos de corrupción más sonados los de la Comisión de Compras de París y la CAMPSA Gentibus. Indalecio Prieto, Juan Negrín y varios de sus hijos habrían estado presuntamente implicados en estos casos de corrupción.​ Según el anarquista Diego Abad de Santillán: "Si el Gobierno Negrín hubiese tenido que responder de su gestión política, económica y financiera habría tenido que terminar ante el pelotón de fusilamiento". Según don Francisco Largo Caballero: "El señor Negrín, sistemáticamente, se ha negado siempre a dar cuenta de su gestión, (…) de hecho, el Estado se ha convertido en monedero falso. ¿Será por esto y por otras cosas por lo que Negrín se niega a enterar a nadie de la situación económica (...) Desgraciado país, que se ve gobernado por quienes carecen de toda clase de escrúpulos. (...) con una política insensata y criminal han llevado al pueblo español al desastre más grande que conoce la Historia de España. Todo el odio y el deseo de imponer castigo ejemplar para los responsables de tan gran derrota serán poco."​

Diversos autores califican también de corrupción el episodio del Tesoro del yate Vita, contado por el socialista Amaro del Rosal, ex director de Caja General de Reparacaciones.

El franquismo (1939-1975)

Durante la postguerra, España sufrió un hundimiento de la producción agrícola e industrial, adquiriendo una gran importancia el mercado negro, llamado estraperlo en recuerdo de aquel famoso escándalo. La corrupción económica fue un rasgo básico de la dictadura franquista, y estuvo muy extendida y la implicación política en la misma, hasta los máximos niveles, fue absoluta. En algunos casos por la propia participación directa de altos cargos, en otros, por la protección que los estraperlistas recibieron desde el poder. Todo ello en medio de una total impunidad. Las repercusiones de la corrupción fueron socialmente muy graves. Para los corruptos supuso un rápido enriquecimiento, mientras que para la mayor parte de la población implicó privaciones, carestía, hambre y miseria.

• Caso Barcelona Traction: fue un plan político urdido con objeto de que Juan March Ordinas, cuyo apoyo fue determinante para afianzar la causa nacional en los primeros momentos de la Guerra Civil Española, se apropiara de Barcelona Traction Light & Power Co. Ltd. (conocida históricamente como La Canadiense) como retribución. El 12 de febrero de 1948 tres accionistas de la Canadiense presentaron contra la empresa en los Juzgados de Reus una demanda que prosperó. March constituyó en 1951 las Fuerzas Eléctricas de Cataluña y aprovechó la quiebra de la Barcelona Traction para adquirir los activos de ésta por una ínfima fracción de su valor real. El caso llegó a elevarse a la Corte Internacional de La Haya, cerrándose el 5 de febrero de 1970, pero March quedó ante la opinión pública nacional como uno de los mayores contrabandistas del país y el último pirata del mediterráneo (sic) según la prensa extranjera.
• Estraperlo: bajo este nombre se conoce el contrabando dirigido desde las mismas insitutciones del Estado, así como la venta ilícita de las licencias de importación y exportación, de gran importancia en un régimen mercantilista y autárquico. Se destacó el Ministro de Comercio Manuel Arburua, que "empezó de botones y ahora es archimillonario" según el propio Caudillo.
• La agenda Rivara: tras casi dos décadas de autarquía e hiperproteccionismo, los proyectos de liberalización económica hicieron temer a las grandes fortunas, que colocaron clandestinamente más de 70.000 millones de pesetas de la época en cuentas secretas de la banca suiza. Por una casualidad, en diciembre de 1958, el enlace suizo George Laurent Rivara fue detenido con una agenda que contenía los nombre de sus clientes españoles y el montante de sus operaciones. Tras ser parcialmente expurgada, la agenda quedó reducida a 872 nombres.
• Caso de Manufacturas metálicas madrileñas: la quiebra de esta empresa, dedicada a la manufactura de cacerolas de aluminio, provocó un escándalo que implicaba por mala gestión a un hermano del Caudillo, Nicolás Franco, uno de los principales accionistas de la empresa. El gobierno impidió el proceso judicial, y resolvió la quiebra "en familia".
• Caso Matesa: la quiebra de Maquinaria Textil del Norte de España S.A. dejó una deuda de más de 10.000 millones de pesetas con un banco público, el Banco de Crédito Industrial,, y abrió una crisis gubernamental sin precedentes en el franquismo, debido a una campaña de prensa propiciada por la ley de Prensa de 1966 y atizada por la enemistad entre las familias del Régimen, en especial falangistas y tecnócratas. La comisión de investigación de las Cortes elaboró un informe con conclusiones muy duras para tres ex ministros y un cuarto en activo. No obstante, no pudo demostrarse el desvío de fondos hacia el Opus Dei,
• Sofico: esta inmobiliaria fue creada en 1962 con objeto de construir apartamentos en la Costa de Sol, en especial en Estepona. Suspendió pagos en 1974 tras haber realizado ventas y participaciones de capital por valor de 13.000 millones de pesetas, dejando en la estacada a 4.000 empleados y 25.000 inversores. Ya en la democracia, en 1981, se declaró oficialmente que la quiebra fue una estafa y un fraude de ley.
• También tuvo gran importancia la corrupción urbanística y el llamado chabolismo vertical.

I Legislatura

• Caso del aceite de colza: venta fraudulenta de aceite adulterado, que provocó el envenenamiento de 60.000 españoles y la muerte de 700.

II, III y V Legislaturas

Durante el gobierno de Felipe González (II, III, IV y V Legislaturas de España), se sucedieron diversos escándalos de corrupción (muchos de ellos revelados por el diario El Mundo a principios de los 90):

• Caso Flick: trama española de un gran caso de financiación ilegal de partidos y evasión de impuestos en la RFA, por parte del empresario multimillonario Friedrich Karl Flick. La Fundación Friedrich Ebert, próxima al SPD, destinó donaciones de Flick por valor de millón de marcos para financiar al PSOE.
• Caso KIO: suspensión de pagos por valor de 300.000 millones de pesetas (1.803 millones de euros). El gerente de esta sociedad en España, Javier de la Rosa, y sus colaboradores habrían robado, según la acusación particular, 30.000 millones de pesetas (180 millones de euros).
  • Caso Wardbase, una causa separada del anterior, referida a un pago fraudulento realizado por Javier de la Rosa a Manuel Prado y Colon de Carvajal por importe de 1.900 millones de pesetas.
• Caso de los fondos reservados: desvío de partidas destinadas a la lucha contra el terrorismo y el narcotráfico por valor de 5 millones de euros entre los años 1987 y 1993 para uso privado, enriquecimiento personal y pago de sobresueldos y gratificaciones a siete altos funcionarios del ministerio del Interior.
• Caso Rumasa: expropiación, venta y liquidación de este holding en una operación que supuso su quiebra total.
• Caso Filesa: financiación ilegal del PSOE a través de las empresas tapadera Filesa, Malesa y Time-Export, que entre 1988 y 1990 cobraron importantes cantidades de dinero en concepto de estudios de asesoramiento para destacados bancos y empresas de primera línea que nunca llegaron a realizarse. Entre las personas vinculadas a estas operaciones se encontraban el diputado socialista por Barcelona, Carlos Navarro, y el responsable de finanzas del PSOE, Guillermo Galeote. Posteriormente fue desglosado en:
  • Caso Ave, cohecho y falsedad en relación con las supuestas comisiones ilegales obtenidas por la adjudicación del proyecto del tren de alta velocidad Madrid-Sevilla; a su vez desglosado en:
    • Caso Seat: pago de 175 millones de pesetas al PSOE por parte de directivos de SEAT, así como a la recalificación irregular de terrenos de esta empresa, con el objetivo de financiar ilegalmente al PSOE.
    • Otros 3 sumarios.
• Caso Osakidetza: en las oposiciones al Servicio Vasco de Salud de 1990 se detectó un "cambiazo" masivo de exámenes que obligó a repetir gran parte de las pruebas, a las que se habían presentado cerca de 50.000 aspirantes. Por su presunta relación con este caso fueron detenidos Pedro Pérez, director de gestión económica de Osakidetza, y otras tres personas militantes del PSOE, acusadas de fraude con objeto de beneficiar a miembros del PSOE y UGT e instalar un grupo de personas afines en posiciones de responsabilidad.
• Caso Cesid: escuchas ilegales practicadas por los servicios secretos españoles en la sede de Herri Batasuna en Vitoria.
• Operación Mengele: presunto secuestro y expermientación ilegal con mendigos (al menos tres de los cuales habrían muerto) por parte del Cesid y el cardiólogo Diego Figuera. La causa procesal fue sobreseída en 1999 a petición de la Fiscalía General.
• Caso Guerra: llamado así por Juan Guerra, hermano del vicepresidente Alfonso Guerra, procesado por los delitos de cohecho, fraude fiscal, tráfico de influencias, prevaricación, malversación de fondos y usurpación de funciones.
• Caso Casinos: desvío de unos 3.000 millones de pesetas de la sociedad Casinos-Inverama por parte de su presidente, Artur Suqué, mil de los cuales habrían sido destinados a la financiación ilegal de Convergencia i Unió.
• Caso Ibercorp: especulación bursátil con valores bancarios por parte de Mariano Rubio, entonces gobernador del Banco de España.
• Caso Urbanor: una serie de irregularidades en las transacciones para la construcción de las famosas torres KIO, cuando la sociedad Urbanor vendió los terrenos de la Plaza Castilla de Madrid, al grupo kuwaití KIO.
• Caso Sarasola: gestión irregular por parte de este empresario guipuzcoano del Hipódromo de La Zarzuela y la concesión de la quiniela hípica; presuntos delitos de estafa y alzamiento de bienes en la Sociedad Española de Banca de Negocios.
• Caso Urralburu: Los negocios irregulares del presidente socialista de Navarra, Gabriel Urralburu, fue procesado junto al ex consejero Antonio Aragón por delitos de prevaricación y cohecho por el cobro de comisiones ilegales por obras públicas realizadas durante su segundo mandato, de 1987 a 1991.
• Caso Bardellino: la liberación bajo fianza y huida del dirigente de la camorra napolitana Antonio Tonino Bardellino.
• Caso Godó: escuchas ilegales o espionaje telefónico realizadas en 1992 por ex agentes del CESID a personal del periódico La Vanguardia, por encargo del empresario Javier Godó. El informe policial acusa al propio CESID de controlar red.
• Caso BFP: en 1992 se descubrió un delito de estafa cometido a través de una red de pagarés de empresa falsos de BFP Gestión y Asesoramiento Financiero, por valor de 4.000 millones de pesetas. En 1994 fueron procesados y encarcelados Jordi Planasdemunt, alto cargo de CiU y director general del Institut Català de Finances, y otras 10 personas, entre ellas Salvador Forcadell, Caries Vila y Joan Basols.
• Caso Gran Tibidabo: causa contra el empresario Javier de la Rosa y otras siete personas, entre ellas Manuel Prado y Colón de Carvajal y la esposa de la Rosa, Mercedes Misol, por la descapitalización de la compañía Grand Tibidabo presuntamente en beneficio propio, bajo la acusación de delitos de estafa, apropiación indebida, falsedad documental y contra la Hacienda Pública. La Rosa fue encarcelado preventivamente en octubre de 1994. La Audiencia de Barcelona ha fijado para el 10 de diciembre de 2007 el inicio del juicio.
• Caso Estevill, trama de corrupción judicial en torno al ex juez y ex vocal del Consejo General del Poder Judicial, Luis Pascual Estevill, condenado por delitos de cohecho y prevaricación.
• Caso Turiben: una presunta red de facturas falsas utilizada por miles de militares y agentes de policía para estafar al Estado justificando dietas.
• Caso Salanueva: Detención de la ex directora del BOE, Carmen Salanueva, por una presunta malversación de fondos el 29 de noviembre de 1993. Se estima que pudo cometer un fraude al adquirir papel prensa por un valor total de 2.385 millones de pesetas, prtecio muy superior al del mercado, causando un perjuicio de más de 653 millones para el BOE y Hacienda. Fue puesta en libertad el 1 de diciembre. En 1994 fue denunciada por imitar por teléfono la voz de Carmen Romero y de la Reina para quedarse con cuadros de un pintor famoso con falsas promesas.
• Caso Expo'92: cohecho, prevaricación y un agujero de más de 210 millones de euros.
• Caso Roldán: llamado así por Luis Roldán, director de la Guardia Civil entre 1986 y 1993, enriquecido ilícitamente con el robo de 400 millones de pesetas de fondos reservados y 1.800 millones más en comisiones de obras del Instituto Armado.
  • Caso Paesa, vinculado al anterior.
• Caso Banesto: un agujero patrimonial de 3.636 millones de euros (605.000 millones de pesetas) que dejó en la estacada a siete millones de clientes, medio millón de accionistas, 15.000 trabajadores y 50 empresas en las que la entidad participaba.
• Caso Palomino: el cuñado de Felipe González, Francisco Palomino, ganó 346 millones de pesetas gracias a la venta de su empresa, en quiebra técnica, por 310 millones a CAE, (luego comprada por Dragados), cuya cartera de obras para el MOPU se multiplicó.
• GAL: creación y financiación ilegal de una organización terrorista que asesinó a 27 personas del entorno de ETA entre 1982 y 1987, con implicación de policías, guardias civiles y altos cargos del gobierno socialista, entre ellos el ministro del Interior José Barrionuevo, el secretario de Estado de seguridad Rafael Vera, el gobernador civil de Vizcaya, Julián Sancristóbal, el secretario general del PSOE en Vizcaya, Ricardo García Damborenea y el General de la Guardia Civil Enrique Rodríguez Galindo. El propio González fue acusado de ser el "señor X", el dirigente del entramado GAL.
• Caso Naseiro: financiación ilegal del Partido Popular a través de la exigencia de pagos a empresas inmobiliarias.
• Caso PSV: fraude y apropiación indebida de 18.588 millones de pesetas, para enriquecimiento personal y financiación ilegal de la UGT a través de esta cooperativa de viviendas y de su gestora, IGS.
• Caso Hormaechea: prevaricación y malversación de caudales públicos por parte del popular Juan Hormaechea, ex alcalde de Santander y ex presidente de Cantabria, condenado en octubre de 1994 a seis años de prisión mayor y 14 de inhabilitación.
• Caso de la minería: subvención ilegal de compañías mineras por parte de Miguel Angel Pérez Villar, ex senador por el PP y consejero de Economía de Castilla y León, condenado por el Tribunal Supremo a ocho años de inhabilitación por prevaricación continuada.
• Caso Soller: prevaricación y cohecho en la adjudicación de las obras del túnel de Sóller por parte del ex presidente de Baleares por el PP, Gabriel Cañellas. Absuelto de prevaricación en los tribunales, se dio por prescrito el probado delito de cohecho.

VI y VII Legislaturas

Durante el gobierno de José María Aznar (VI y VII Legislatura de España) trascendieron los siguientes:

• Caso Zamora: presunta financiación ilegal del Partido Popular en Zamora a través del cobro de un "impuesto" de dos millones de pesetas y el 8% de comisión por cada obra pública entre 1987 y 1991.
• Caso Pallerols: en 1997 salió a la luz pública esta presunta operación de financiación irregular de Unió Democràtica a través del desvío de las subvenciones recibidas por las empresas controladas por el empresario Fidel Pallerols y su esposa para realizar cursos de formación laboral. Sobreseído provisionalmente en diciembre de 2005, fue reabierto por la Sección Décima de la Audiencia Provincial de Barcelona en noviembre de 2006.
• Caso Villalonga: tráfico de influencias del presidente de la CNMV, Juan Villalonga, en la compra de opciones sobre acciones de Telefónica.
• Caso Tabacalera-Alierta: presunto enriquecimiento ilícito a través de la compraventa de acciones con información privilegiada por parte de César Alierta, entonces presidente de Tabacalera, su mujer y un sobrino, en concreto entre 1997 y 1998.
• Caso del Lino: en 1999 la Junta de Castilla-La Mancha denunció un presunto caso de ayudas irregulares al cultivo lino y desvío de fondos en favor de altos cargos del gobierno popular, entre ellos la ministra de Agricultura Loyola de Palacio. En julio de ese mismo año, la Comisión de Investigación constituida a solicitud del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso de los Diputados, no halló ninguna irregularidad. No obstante, el Fiscal anticorrupción Carlos Jiménez Villarejo redactó un informe denunciando la existencia de un “fraude generalizado”. Tras una instrucción de 6 años a cargo de Baltasar Garzón, el 23 de abril de 2007 la sección cuarta de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional absolvió por completo a los 18 imputados, no hallando ninguna prueba de fraude o falsedad, y confirmando las conclusiones de la Comisión de Investigación.
• Caso Forcem: presunto fraude en la Fundación para la Formación Continua (FORCEM), constituida en 1992 por CCOO, UGT, CEOE, CIG y CEPYME para la gestión de las subvenciones para la formación de los trabajadores concedidas por el INEM con fondos de la Unión Europea. Algunas de las empresas receptoras de fondos realmente carecían de actividad, empleados y alumnos. La Fiscalía pidió el procesamiento de 6 cargos de UGT por el fraude de 100 millones de euros, y el informe del Tribunal de Cuentas remitido al Congreso detectó responsabilidades penales y civiles en dos de sus máximos responsables.
• Caso Gescartera: un agujero patrimonial de 108 millones de euros en esta sociedad de inversión.

VIII Legislatura

Durante el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero (VIII Legislatura), han trascendido los siguientes:

• Caso Fabra: presuntos delitos de estafa, apropiación indebida y contra la salud pública y contra la propiedad intelectual por parte del popular Carlos Fabra, presidente de la Diputación Provincial de Castellón.
• Caso de los sellos: intervención gubernamental, el 9 de mayo de 2006, de Afinsa y Fórum Filatélico, las dos mayores compañías de filatelia del país, por presunta estafa, insolvencia punible y administración desleal. 460.000 afectados han perdido sus ahorros como consecuencia de la intervención.
• Caso de las facturas falsas: presunto enriquecimiento personal y financiación ilegal del PSOE de Sevilla con dinero público a partir de facturas falsas e infladas por parte del alcalde Alfredo Sánchez Monteseirín y sus colaboradores.
• El Caso Montilla, la condonación por parte de La Caixa de una deuda de 6'5 millones de euros pendiente de liquidar por parte del PSC.
• Caso Planells: la detención en julio de 2007 del ex subdelegado de gobierno en Barcelona, Eduard Planells y otros tres imputados de cohecho, prevaricación y falsedad documental, por su supuesta implicación en la concesión de permisos de trabajo y de residencia a miembros de la Mafia georgiana.
• "Caso Faycán": El alcalde de Telde, Francisco Valido, y los cinco concejales, todos del PP, detenidos e imputados en el "caso Faycán" por cohecho, malversación de caudales públicos y financiación ilegal del PP con dinero público.
• "Operación Góndola": Detención del alcalde de Mogán del PP, y otras cuatro personas vinculadas al Ayuntamiento por financiación ilegal del PP con dinero público, compra de votos y Regalar permisos de Construcción en zona protegida por la Unión Europea, corrupción urbanística.
• "Caso Eólico": Siete personas detenidas entre otros el ex director general de Industria del Gobierno canario Celso Perdomo del PP por malversación de caudales públicos, cohecho, tráfico de influencias y facilitar información privilegiada.
• "Operación Brisan": Detenidos Tres Ex-Alcaldes del PP de Santa Brigida y otras siete personas por presunto enriquecimiento personal, financiación ilegal y corrupción.
• "Caso González Arroyo": Investigados el presidente del PP de Fuerteventura, ex alcalde de La Oliva y la candidata del PP a la Alcaldía de Antigua por Presunto delito de cohecho y soborno.
• "Caso Emilia Casas": Investigados la Presidenta del Tribunal Constitucional para presunto tráfico de influencias cuando ha ofrecido ayudar una asesina que tenía un amigo en común.

Corrupción urbanística

Durante los últimos años se han multiplicado en España los casos de corrupción relacionados con políticas urbanísticas. Las imputaciones afectan tanto a cargos del PP, PSOE e IU como a miembros de otros partidos autonómicos y locales. Entre todos los casos investigados judicialmente destaca el llamado Caso Malaya.

La corrupción española en el mundo de la ficción

Ibáñez se haría eco de estos sucesos en tebeos como Corrupción a mogollón, en 1994, y El Señor de los Ladrillos, en 2005.

Referencias

Bibliografía

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• Díaz Herrera, José, y Durán, Isabel: El saqueo de España. Temas de hoy, Madrid, 1996. ISBN 84-7880-605-9
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• Galiacho, Juan Luis, y Berbell, Carlos. Filesa: las tramas del dinero negro en la política. Temas de hoy, Madrid, 1995. ISBN 84-7880-577-X
• Jiménez, Fernando. El caso Matesa: un escándalo político en un régimen autoritario, en: Historia y política: Ideas, procesos y movimientos sociales., Nº 4, 2000, pags. 43-68 ISSN 1575-0361
• Moral, Joaquín del. Oligarquía y enchufismo. Escarceos político-histórico-jurídicos, de un honesto republicano, sobre la "Juridicidad", Libertad, Justicia y Austeridad en la actual política española. Galo Sáez, Madrid, 1933.
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Véase también

• Corrupción urbanística en España