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Crisis de seguridad en Perú de 2023-presente

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Atentado extorsivo en la discoteca Xanders de 2023.

Desde 2023, Perú se sumergió en una crisis de seguridad como consecuencia de la actividad de diversas organizaciones criminales dedicadas a la extorsión y el sicariato, entre ellas, de origen extranjero. A pesar de que el gobierno implementó diversas medidas, como el plan Perú Seguro meses después, estas resultaron ineficaces para combatir los actos delictivos. Como resultado, los delitos aumentaron en 2024.[1]​

Contexto

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Véase también: Organizaciones criminales extranjeras en Perú

La inseguridad ciudadana se convirtió en uno de los principales problemas en el Perú.[2]​ Uno de los fenómenos que habría enfrentado el país habría sido la extorsión, cuyo origen habría estado en el departamento de La Libertad, según el historiador Jorge Nureña, y que se habría extendido a Lima por tener contactos que residen allí.[3]​

Para septiembre de 2023, se reportó un aumento del 50 % en casos de extorsión a nivel nacional (registrándose entre enero y agosto del presente año 12 730 casos de extorsión). El 71 % de los casos de extorsión se concentraron en Lima, La Libertad y Piura.[4]​ En Lima metropolitana se registraron 215 víctimas de sicariato para agosto de 2023.[5]​ Para diciembre de 2023, se informó del incremento de los casos de extorsión a 19 401, siendo casi cinco veces más de los registrados en el año 2021. Esto llevó a que El Comercio informara que «las extorsiones han tomado el país, presentándose dicho delito con mayor incidencia en Lima Norte y Este y en La Libertad.[6]​ El entonces gobernador de La Libertad, César Acuña, reconoció el fracaso a la hora de tomar medidas al respecto, en concreto, con respecto al único proyecto de 2023 destinado a implementar equipos en 25 comisarías del departamento que fue paralizado.[7]​

En el año 2024, según datos de la Policía Nacional del Perú (PNP), entre enero y agosto se registraron 14 220 denuncias de extorsión a nivel nacional presentándose, en promedio, 59 denuncias diarias lo que equivale a una denuncia cada 24 minutos. Se detalló que las regiones más afectadas por dicha problemática eran Lima, La Libertad, Piura, Lambayeque, Callao e Ica, concentrando dichas regiones el 84% de denuncias a nivel nacional. Se informó que el distrito limeño de San Juan de Lurigancho era el distrito con mayor cantidad de denuncias por extorsión en Lima Metropolitana, seguido del Cercado de Lima y Comas.[8]​ Según detalló la Asociación de Bodegueros del Perú, debido a las extorsiones se cerraron alrededor de 3000 bodegas en Lima de manera definitiva.[9]​

Aunque se sabe que el origen de la ola extorsiva proviene del norte peruano, siendo Trujillo la principal perjudicada desde la década de 2000 por el auge económico que vivía y las inversiones recibidas,[10]​ el aumento de la criminalidad se debió a la ineficacia de los organismos de justicia. A esto se añadió la reforma del ministro Carlos Basombrío en el año 2016 —que llevó a que el Ministerio del Interior (MININTER) dejara de estar a cargo del Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana (CONASEC), lo que incidió a que no se elaboraran planes de seguridad ciudadana de forma anual—,[11]​ el impacto de la pandemia del COVID-19[10]​ y la presencia de organizaciones criminales de origen extranjero en el Perú y la subsecuente alianza entre dichas organizaciones criminales.[10]​[12]​[13]​ La presencia de dichas organizaciones extranjeras, como el Tren de Aragua, llevó a la «desaparición» de diversas organizaciones criminales locales, aunque se detectó que algunas de éstas estaban trabajando en reorganizarse para retomar el control mientras que otras se habían alineado a las organizaciones extranjeras para trabajar junto a ellas.[14]​ Conforme pasaba el tiempo y los operativos policiales capturaban a los principales líderes de las organizaciones extranjeras, se detectó que las organizaciones peruanas empezaron a ocupar su lugar.[15]​

Además de ello, la crisis se visibilizó en las instituciones como la Policía Nacional del Perú y el Ministerio Público. Se ha denunciado el montaje de falsos operativos por parte de algunos elementos de la policía para obtener ascensos, al igual que la integración a alguna organización criminal.[16]​[17]​ Por el lado de la fiscalía, se ha denunciado que la labor fiscal ha permitido la liberación de más de 8000 delincuentes capturados en flagrancia en los primeros seis meses del 2024.[18]​

En octubre de 2024, el secretario general de la Federación Nacional de Trabajadores del Ministerio Público denunció que la Morgue Central de Lima había alcanzado su capacidad máxima para atender cadáveres, ya que había aumentado 10 veces con respecto al año pasado.[19]​ Para ese mes, el diario El Comercio afirmó que en las redes sociales se vendían registros personales obtenidos en el Reniec, lo que facilitaba la localización de las potenciales víctimas.[20]​

El exministro del Interior, Rubén Vargas, consideró que la crisis de seguridad es la más significativa de la historia republicana. No obstante, afirmó que en este país «aún no hemos tocado fondo» debido a que esta crisis involucra a autoridades políticas.[21]​ Una encuesta de Datum de octubre de 2024 señaló que los encuestados responsabilizaron de la crisis de inseguridad a las dos instituciones principales: un 44 % señaló a la Presidencia de la República y un 40 % al Congreso.[22]​

Acontecimientos

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Incremento de acciones del Tren de Aragua

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Artículo principal: Tren de Aragua en Perú

Para julio de 2023, se detectó la presencia del Tren de Aragua en 10 regiones del país, siendo las facciones «Los Gallegos», «Guerrilla Pobre» y «Los Hijos de Dios» las principales de dicha organización criminal.[23]​

Anuncio del «Plan Boluarte»

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El 29 de agosto de 2023,[24]​ ante los pedidos de implementar el denominado «Plan Bukele» en Perú ante el aumento de la criminalidad,[25]​ se anunció la implementación del denominado «Plan Boluarte» (en referencia a la presidenta Dina Boluarte). Dicho anuncio fue realizado por el presidente del consejo de ministros, Alberto Otárola, quien especificó que «aquí ni va a haber un Plan Bukele, aquí habrá un Plan Boluarte». Dichas declaraciones las hizo tras presentar una petición de facultades legislativas para la lucha contra el crimen al congreso.[26]​ Por otro lado la Coordinadora para la Inversión y Trabajo organizó en Lima, entre los días 28 al 30 de agosto, el evento sobre seguridad ciudadana basado en las iniciativas de seguridad adoptadas en El Salvador que generó interés de algunos municipios locales.[27]​

Estado de emergencia en San Juan de Lurigancho, San Martín de Porres y Sullana

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Véase también: Atentado a la discoteca Xanders

Tras el atentado en la discoteca Xanders del 15 de septiembre, Dina Boluarte anunció el 18 de septiembre[28]​ la declaratoria de estado de emergencia en los distritos limeños de San Juan de Lurigancho y San Martín de Porres además de la provincia de Sullana, en Piura. El estado de emergencia se dispuso por 60 días siendo oficializada el día 19.[29]​

El 20 de septiembre, se realizó una marcha llamada «marcha por la paz» convocada por el alcalde de San Juan de Lurigancho hacia el congreso para exigir medidas a favor de la seguridad.[30]​[31]​ También se realizaron marchas en Pachacamac[32]​ y Manchay.[33]​ Aquel mismo día, el congreso otorgó facultades legislativas al ejecutivo para legislar en materia de seguridad ciudadana por un plazo de 90 días.[34]​[35]​

Se dispuso que los delincuentes capturados en flagrancia fueran presentados en uniformes color rojo, grilletes y con un cartel con el delito cometido. De esta forma, fueron presentados delincuentes vinculados a las bandas "Los furiosos del 6", "Los saracas de la extorsión" y "Los flashes del open".[36]​ Se detalló que los miembros capturados de "Los flashes del open" habían sido detenidos en una licorería cuando realizaban una amenaza con fines extorsivos con una granada a los propietarios del local.[37]​ Adicionalmente, el comandante general de la Policía Nacional del Perú (PNP), Jorge Angulo, anunció la solicitud de declaratoria de emergencia a la PNP[38]​ debido a que "casi el 50% de la flota vehicular se encuentra inoperativa".[39]​

Debido a la declaratoria de emergencia en San Juan de Lurigancho y San Martín de Porres, se detectó que los delincuentes migraron hacia el distrito del Rímac.[40]​ Ante la problemática de la migración de la delincuencia a otros distritos, se realizó un pedido (tras una reunión entre el teniente alcalde de Lima, Renzo Reggiardo, y diversos alcaldes distritales) para declarar a la totalidad de Lima metropolitana en estado de emergencia ya que "los delincuentes actúan impunemente sin discriminar el distrito".[41]​

Sobre la legítima defensa y el «terrorismo urbano»

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El 21 de septiembre, el congreso de la república aprobó eximir de responsabilidad penal a aquellas personas que actúen en legítima defensa.[42]​ Con la aprobación, se modificó el Código Penal referido a la legítima defensa quedando como absueltos de responsabilidad penal aquellos casos donde se muestre agresión real con explosivos o armas punzocortantes[43]​ o la previa irrupción ilegítima en un inmueble, negocio, transporte o lugar de trabajo.[44]​ Además, se dispuso que en aquellos casos no procede la prisión preventiva.[45]​

El 22 de septiembre, el Concejo Municipal de Lima aprobó presentar ante el congreso de la república una propuesta legislativa para incorporar en el Código Penal el concepto de «terrorismo urbano» mediante la cual se aplicaría penas más severas a aquellas personas que cometan los delitos de extorsión, secuestro y sicariato.[46]​

El término «terrorismo urbano» se volvió a utilizar en varios proyectos de ley que buscaban convertirlo en un delito fuertemente castigado.[47]​ Sin embargo, para Nicolás Zevallos, director del Instituto de Criminología y Estudios sobre la Violencia, esta serie de proyectos eran populistas y demagógicos.[47]​ La abogada penalista Liliana Calderón señaló que esa medida es «contradictoria» con el sistema jurídico, ya que los sentenciados por extorsión pueden recibir cadena perpetua.[48]​ Después de meses de presentar varias propuestas, el primer ministro, Gustavo Adrianzén, reconoció que no tiene ningún sentido aprobar esa norma.[49]​

Por otro lado, el gobierno anunció que expulsará a los extranjeros que no se regularicen hasta el 10 de noviembre del 2023. El anuncio fue realizado por el ministro del interior, Vicente Romero, cuando supervisaba la situación del estado de emergencia en San Juan de Lurigancho.[50]​

Asesinato de Milenka Coraquillo

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Milenka Coraquillo, una trabajadora sexual, fue asesinada a la altura del mercado Lobatón, en Lince, el 27 de septiembre.[51]​[52]​ Eddy Valencia Maldonado, alias «Chavo», fue sindicado como el autor del asesinato[53]​ (con anterioridad, el «Chavo» había participado en robos a través de forados en casas y negocios).[54]​ El asesinato de Coraquillo reveló el involucramiento de organizaciones criminales peruanas en el control de los lugares de prostitución. Según testimonios recopilados por Panorama, «Chavo» trabaja en alianza con el «Tren de Aragua». Además, el «Chavo» ha estado involucrado en los atentados a la discoteca Cocos (22 de septiembre) y el hotel Aristo (30 de septiembre).[53]​[55]​ Por otro lado, el atentado al hotel hizo que la alcaldesa de Lince, Malca Schnaiderman, solicitara la declaratoria de estado de emergencia al distrito.[55]​

Primeros decretos

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El 20 de septiembre, el congreso había otorgado facultades legislativas al ejecutivo para legislar en cuanto a temas de seguridad ciudadana.[34]​ De esta forma, se aprobaron los siguientes decretos:[56]​

Fecha Decreto legislativo Descripción
2 de octubre N.º 1573 Mediante la cual se incorpora al Código Penal el delito de reingreso clandestino para aquellos extranjeros expulsados por cometer un delito reingresen al Perú, por la cual afrontarían una pena privativa de la libertad de entre 2 a 4 años.[57]​[58]​[59]​
2 de octubre N° 1574 Que amplía de 4 a 12 horas el control de identidad a extranjeros intervenidos para la verificación de sus antecedentes.[60]​[61]​[62]​

Además, se anunció el 5 de octubre la declaratoria de emergencia del cercado de Lima.[63]​[64]​[65]​

Estado de emergencia en el cercado de Lima y Lince

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El 9 de octubre, el Consejo de Ministros aprobó la declaratoria de emergencia en el cercado de Lima y Lince por 60 días. Para tal fin, se modificó el Decreto Supremo N° 105-2023-PCM, en la cual se declaraba el estado de emergencia en San Juan de Lurigancho, San Martín de Porres y Sullana.[66]​ Se informó que:[67]​

Después de SJL, Cercado de Lima es el segundo distrito con harta incidencia delictiva. Se cometen una serie hurtos, robos, especialmente estafas y extorsiones. Paralelamente, en el distrito de Lince, la Policía ha encontrado que en más de 7 puntos se llevan a cabo acciones de trata de personas, entendiendo que la trata de personas es el delito más cruel que existe actualmente.

El alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, pidió que las actividades por las procesión del Señor de los Milagros y la actividad turística y comercial no sean afectados.[68]​

Se informó, adicionalmente, la prórroga por 60 días del estado de emergencia en el corredor vial sur Apurímac-Cusco-Arequipa y, mediante otro decreto, la prórroga del estado de emergencia en las provincias de Putumayo y Mariscal Castilla en Loreto, además de Pataz en La Libertad.[67]​

Promulgación de nuevos decretos legislativos

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Se promulgaron los siguientes decretos referentes a la seguridad ciudadana:

Fecha Decreto legislativo Descripción
11 de octubre N.º 1575 Mediante el cual se modifica el marco legal referente a casos de violencia contra la mujer e integrantes del grupo familiar.[69]​
17 de octubre N° 1576 Donde se establece que no es procedente de beneficio penitenciario por trabajo o estudio a aquellos involucrados en robo agravado, sicariato y extorsión.[70]​
18 de octubre N° 1578 Donde se establece pena de hasta 30 años de cárcel, en caso grave, para aquellas personas involucradas en robos de celulares.[71]​[72]​

Asesinatos de teniente gobernador y serenos en SJL y asalto a banco en SMP

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El 19 de octubre,[73]​ el teniente gobernador de San Juan de Lurigancho, Tommy Saravia Atúncar, fue asesinado por sicarios mientras supervisaba una obra en el sector de Los Constructores.[74]​ El crimen se dio cuando Saravia se encontraba en los exteriores del local supervisado hablando por teléfono. Se señaló que el móvil del crimen pudo haber sido la extorsión.[75]​ El asesinato se dio a un mes de la promulgación del estado de emergencia en SJL.[76]​

El 21 de octubre, un civil y dos serenos fueron asesinados en el parque El Periodista, ubicado en San Juan de Lurigancho.[77]​ El 24 de octubre, un banco en San Martín de Porres fue asaltado por 4 delincuentes encapuchados llevándose alrededor de 5 mil soles.[78]​[79]​

El asesinato del teniente gobernador y de los serenos y el asalto al banco en SMP generaron críticas acerca de la efectividad de los estados de emergencia declarados.[80]​[81]​[82]​ Ante estas críticas, el Ministerio del Interior emitió un comunicado en el que señalaba que la incidencia delictiva en San Juan de Lurigancho, San Martín de Porres, Cercado de Lima y Lince, además de en los distritos piuranos declarados en estado de emergencia, se había reducido.[81]​

Violencia en el centro de Lima Metropolitana

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A partir del 31 de octubre, mototaxistas y ciudadanos del distrito limeño de La Victoria denunciaron que son víctimas de mafias de ciudadanos venezolanos dedicadas a la extorsión, por ello salieron a las calles armados con palos y piedras para enfrentarse con los extranjeros, con las arengas de «¡Ni un chamo más!»,[83]​[84]​y colocando panfletos exigiendo el retiro de los venezolanos de su distrito.[85]​Igual situación ocurrió en los distritos de El Agustino y en el Cercado de Lima,[83]​ en donde comerciantes, mototaxistas y ciudadanos de a pie realizaron una movilización con el objetivo de expulsar a venezolanos involucrados en la práctica de la extorsión.[86]​ Se reportó la quema de motos y mototaxis,[87]​[88]​y ataques a venezolanos no involucrados en actos extorsivos[84]​ y demandas de mayor seguridad.[86]​

En los primeros días noviembre se reportaron enfrentamientos entre peruanos y venezolanos en inmediaciones de las avenidas San Pablo, Bausate y Meza, Aviación y otros lugares. Se informó que las mafias extranjeras estarían obligando a los mototaxistas a pagar un cupo diario de entre S/ 2 y S/ 5, así como también dueños de bodegas y tiendas tenían que pagar una cuota de S/ 10 a más.[89]​En un vídeo, difundido por redes sociales, la banda criminal extranjera Los Gallegos (facción del Tren de Aragua) amenazó con matar peruanos en La Victoria, El Agustino o cualquier otro distrito que continúe atentando contra los venezolanos.[90]​[91]​ También amenazaron con atacar colegios, por lo cual, las clases fueron suspendidas en tres distritos (La Victorial, El Agustino y San Luis).[92]​ El 3 de noviembre, el jefe de la Dirección Nacional de Investigación Criminal de la PNP, general Óscar Arriola, informó que 1900 policías y 92 vehículos fueron desplegados a los distritos de La Victoria y El Agustino para proteger el orden interno.[93]​

Masacre en la mina La Poderosa

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En la madrugada del 2 de noviembre un grupo de delincuentes armados con fusiles y explosivos ingresaron en el nivel 2995 de la Compañía Minera La Poderosa, en Pataz (La Libertad) con la intención de apoderarse de minerales, tomaron de rehenes a los trabajadores de lugar. Posteriormente, tuvieron un enfrentamiento con la seguridad de la mina, dejando como saldo 10 trabajadores muertos y 30 heridos.[94]​[95]​[96]​La policía detuvo a 7 sospechosos de perpetrar el crimen.[97]​ Las autoridades atribuyeron esta masacre (y otros crímenes en Pataz) a ciudadanos peruanos y venezolanos relacionados con la minería ilegal.[98]​

Posteriormente, al menos 10 torres de alta tensión que brindaban energía al complejo minera La Poderosa fueron dinamitadas por delincuentes, pese al estado de emergencia en la provincia de Pataz.[99]​ En esta zona se desarrolla la minería ilegal del oro, una actividad que ha ido en aumento.[100]​

Medidas para población extranjera

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En noviembre de 2023 se oficializó el Decreto Legislativo 1582, que exige la documentación de los ciudadanos extranjeros para permanecer su estadía en el país.[101]​ Estas medidas se realizaron inclusive en el Estado Nacional, durante el encuentro de Perú y Venezuela en las eliminatorias del Mundial de Fútbol de 2026, en que no hubo detenidos.[102]​

Las medidas generaron críticas, debido a que se recurrieron a la falsificación de identidades en el sistema digital.[103]​ Entre los críticos está el defensor del pueblo, Josué Gutiérrez, quien afirmó que esa iniciativa no es efectiva para expulsar a acusados de actos delictivos.[104]​ El gobierno de Venezuela rechazó las medidas de control de identidad a los indocumentados,[105]​ mientras que Amnistía Internacional exigió derogar ese decreto.[106]​ El gabinete de Dina Boluarte ignoró las críticas, y en octubre de 2024 promulgó una nueva norma que obligaba a la Superintendencia Nacional de Migraciones a recabar los datos privados de los extranjeros residentes.[107]​

Por otro lado, el gobierno promulgó una ley que modifica diversos artículos del código penal y que establece que personas que hayan sido condenadas a una pena menor de 6 años por los delitos de hurto simple, hurto agravado, piratería de señal satelital o hurto de uso pueden solicitar la conversión de la pena a una de vigilancia electrónica, que sujetos que tengan una sentencia de entre 10 y 12 años puedan acogerse a beneficios, entre otros.[108]​[109]​

Secuestro de escolar

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El 11 de diciembre, la escolar Valeria V. fue secuestrada por cuatro sujetos armados en la puerta de su casa cuando bajaba de una movilidad junto a su hermano. Tras el secuestro, los maleantes solicitaron tres millones de soles para su rescate.[110]​[111]​ Días después, la policía detuvo a Jhon Falcón Pardave,[112]​ integrante de Los Federales y relacionado con Erick Moreno «El Monstruo», considerado como uno de los criminales más buscados del país.[113]​

Reconocimiento de inexistencia del «Plan Boluarte», efectos y otras medidas

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En diciembre de 2023, la presidenta Dina Boluarte reconoció que el «Plan Boluarte» no existe, y que el plan de seguridad interna lleva por nombre «Perú Seguro».[114]​ Sin embargo, en 2024, el gobierno nacional volvió a mostrar interés en el proyecto del sistema penitenciario en El Salvador, cuando el ministro de Justicia visitó a ese país.[115]​

El portal Infobae informó en diciembre de 2023 que el plan Perú Seguro tuvo un impacto casi nulo, según declaraciones de analistas de seguridad. El exministro Rubén Vargas señaló que la estrategia aún no cuenta con sustento debido a la presencia de organizaciones delictivas en San Juan de Lurigancho y Pataz.[116]​ Por otro lado, el acalde de San Martín de Porres reconoció que la situación de emergencia en su distrito no tuvo éxito.[117]​ Tras las medidas de emergencia decretadas en los dos distritos limeños de San Juan de Lurigancho y San Martín de Porres, se reportaron 70 personas asesinadas por sicarios.[118]​

Entre enero y marzo de 2024 se registraron 5012 denuncias de extorsión en el país, que experimentó un mayor crecimiento en comparación con 2023.[119]​ A pesar de ello, en febrero de dicho año, el ministro del Interior se enfrentó a la prensa local porque, según él, «en Colombia y México el índice de criminalidad quizás es más elevado que en Perú; sin embargo, los medios de aquí muestran lo contrario».[120]​ Por su parte, el ministro de justicia, Eduardo Arana, confirmó en el mismo mes la implementación de estrategias inspiradas en el denominado «Plan Bukele».[121]​ De su parte, el Congreso de la República elaboró proyectos de ley para reabrir el centro penitenciario de El Frontón y recurrir a los jueces sin rostro.[122]​ Además, el ministro del Interior, Walter Ortiz Acosta, propuso pedir ayuda a los Estados Unidos para sentenciar y encarcelar a los responsables de grupos delictivos en ese país.[123]​

En marzo de 2024 se consideró imitar la construcción del Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT) luego de aceptar la posibilidad de recibir asesoramiento de El Salvador para una megacárcel.[124]​ Meses después, en octubre de ese año, el Gobierno anunció que destinará 3000 millones de soles a la construcción de una megacárcel y a continuar otras obras similares abandonadas.[125]​

Escándalo por armas provenientes del Perú en Ecuador

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Véase también: Conflicto armado interno de Ecuador

En enero de 2024, el general Víctor Herrera, jefe de la policía de Guayaquil, afirmó que en Ecuador se utilizaron armas provenientes del Perú. Además, durante la toma del canal TC Televisión, se confirmó que algunos de los rehenes eran de origen peruano, lo que demuestra el alcance transnacional de la delincuencia.[126]​ Un informe de El Comercio indicó que el 92 % de las armas incautadas durante 2023 ocurrieron en el departamento de Tumbes, lugar donde se transportaría al país vecino.[127]​ Otro informe de Infobae, a partir de cifras de Víctor Manuel Quinteros, indicó que existen 340 mil armas sin registrar en el país.[128]​

Caso Paolo Guerrero

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La delincuencia se extendió a personalidades deportivas. En febrero de 2024 Paolo Guerrero, quien fue contratado por el Club Deportivo Universidad César Vallejo, denunció que sus familiares estaban siendo extorsionados, comunicando dicho acto al gobierno de Dina Boluarte para revisar el caso de extorsión.[129]​[130]​ El primer ministro Alberto Otárola aclaró que el futbolista no tendrá un trato preferencial por las fuerzas del orden que cualquier ciudadano en La Libertad.[131]​ Aunque se difundió que la denuncia de Guerrero «tiene todas las características de una cortina de humo»[132]​ y que Guerrero quería rescindir el contrato por problemas con su pareja,[133]​ la policía anunció la captura de "Los Cachacos de Yolín", quienes fueron sindicados como los responsables del acto extorsivo.[134]​

Asesinatos de dirigentes de construcción civil y otros casos

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Entre enero y agosto de 2024, se reportó el asesinato de 5 dirigentes de construcción civil, siendo 3 de ellos pertenecientes a la Federación de Trabajadores en Construcción Civil del Perú (FTCCP).[135]​ En septiembre, fue asesinado de 8 balazos un trabajador de construcción civil en Comas.[136]​ En octubre, fue asesinado Julián de la Cruz en Cañete, quien fuera dirigente de un sindicato de construcción civil.[137]​

En marzo de 2024 se reportó el asesinato de un ciudadano shipibo-konibo en Cantagallo. Los habitantes criticaron al Ministerio de Cultura por la falta de medidas de protección.[138]​

En septiembre, Alejandro David Salazar, ciudadano venezolano de 26 años, fue asesinado de 15 balazos en el centro comercial "Las Malvinas" por 3 sujetos. Se detalló que, para agosto de 2024, se registraron 322 casos de sicariato, siendo los distritos de San Juan de Lurigancho, Comas, Puente Piedra, Ate y Villa María del Triunfo los distritos con mayor incidencia.[139]​

Acusaciones de liberación de delincuentes por parte de la fiscalía

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El 14 de junio de 2024, cuatro delincuentes asaltaron un vehículo policial con dos policías a bordo. A pesar de la captura de dos delincuentes en flagrancia y el llamado de la policía a la fiscal Ana María Úrsula Altamirano Malabrigo para que se apersone al lugar, ella se presentó al culminar el plazo de detención lo que llevó a que los delincuentes fueran puestos en libertad.[140]​

El 10 de julio, fueron detenidos en la Panamericana Sur tres delincuentes mientras esperaban en un falso taxi colectivo. Sin embargo, a pesar de las pruebas incriminatorias, la fiscal Deysi Patricia Valdivia Alarcón ordenó la liberación de dichos delincuentes. Dos semanas después, uno de los liberados estuvo involucrado en un asalto contra un policía y su esposa embarazada.[141]​ Se denunció, además, que el 14 de julio, el fiscal César Christian Cruzado Chiroque otorgó la libertad a delincuentes detenidos debido a un mal análisis de los hechos.[140]​

El 14 de agosto, el ministro del interior denunció que ningún fiscal quiso venir tras una intervención que logró la liberación de un empresario dedicado al rubro del reciclaje en Los Olivos.[142]​

Secuestro de empresario coreano

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El 24 de septiembre, Chansik Hwang, empresario de origen coreano de 70 años, fue secuestrado por delincuentes de nacionalidad venezolana.[143]​ El auto de los secuestradores fue detectado en el Óvalo Huandoy, lo que desató una persecución. Durante la persecución, los secuestradores se enfrentaron a balazos con la policía, además de arrojar una granada que detonó cerca de un patrullero. En el registro del auto de los secuestradores, se encontraron armas de fuego y granadas, además de que el empresario se encontraba maniatado. Otro de los vehículos logró escapar.[144]​ Se informó que se capturó a 3 ciudadanos de nacionalidad venezolana mientras que un policía resultó herido.[143]​

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El 24 de septiembre se informó que extorsionadores estaban pidiendo 20 mil soles al comedor popular Señor de los Milagros, ubicado en San Juan de Lurigancho. Las madres del comedor intentaron dialogar con los extorsionadores ofreciéndoles el pago de 300 soles mensuales, sin embargo, estos se rehusaron. Se reportó que los extorsionadores realizaron disparos contra el comedor y dejaron mensajes amenazantes.[145]​[146]​

Denuncias de extorsión y propuesta de huelga en empresas de transporte

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Véase también: Crisis de extorsiones al transporte público en el Perú

El primer ataque contra la empresa Etuchisa se reportó el 15 de agosto de 2024.[147]​ Para septiembre de 2024, ocho líneas de transporte operadas por empresas privadas (Huáscar, Línea Nueva Estrella, Vipuza, Etuchisa, Sesosa, Chimpún, Tigrillo y Loro) dejaron de circular debido a las constantes extorsiones y ataques por parte de delincuentes en Lima, quienes exigen el pago de cupos.[148]​ Entre los meses de agosto y septiembre de ese año, se reportaron 15 atentados que dejaron tres trabajadores asesinados.[148]​

Varias empresas de transporte organizaron una huelga en señal de protesta por la escasa garantía de seguridad.[149]​ Esta se extendió tanto que el 26 de septiembre el 98 % de las empresas de transporte público de Lima secundaron la huelga y dejaron de operar en toda la ciudad.[150]​ Al finalizar el día, se reportó un atentado contra otra empresa de autobuses, atribuido a Los Pulpos del Norte.[151]​ Marco Sifuentes advirtió que la presidenta Dina Boluarte habría optado por no participar en las sesiones de Estado para abordar el reclamo, generando el malestar del portavoz de esta.[152]​

El Ministerio del Interior intentó minimizar la huelga.[150]​ En su lugar, anunció que los policías escoltarán las líneas de autobuses[148]​ y que se creará un equipo de investigación similar al Grupo Especial de Inteligencia (GEIN).[153]​ Al mismo tiempo, se presentó un proyecto de ley ante el Congreso para que los delitos de extorsión y sicariato sean condenados con cadena perpetua.[154]​

Posteriormente, Juan José Santiváñez, encargado del Ministerio del Interior, anunció una nueva «marcha por la paz». Juan Carlos Liendo, exjefe de la Dirección Nacional de Inteligencia, criticó que Santiváñez hubiera tomado esta y otras medidas, y aseguró que «no vive en la realidad y quiere que la narrativa que diga se imponga y sea el concepto de seguridad».[155]​

Días después, debido a las críticas por la ineficiencia del gobierno en combatir la extorsión en el sector, las empresas de transporte acataron un nuevo día de huelga para el 10 de octubre.[156]​ Al ver esto, el portavoz presidencial comparó las medidas del sector del transporte con las protestas de diciembre de 2022 y les atribuyó un «interés político desestabilizador» de supuestos grupos opositores al gobierno debido a que el gobierno venía realizando reuniones con algunos líderes del sector de transporte para abordar la situación.[157]​

Nueva declaración de estado de emergencia y Línea 111

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El 26 de septiembre de 2024, el Gobierno declaró un nuevo estado de emergencia en 11 distritos de Lima.[158]​ El Gobierno quiso destacar que esa medida estaba funcionando, sin embargo, el 25 de octubre se reportaron ocho asesinatos en esos distritos en menos de 12 horas.[159]​

El 4 de octubre, se puso en marcha la Línea 111 para recibir denuncias de extorsión.[160]​ A pesar de ello, se denunció que la línea era ineficaz y presentaba fallas, además de dar respuestas predeterminadas o inadecuadas a la situación.[161]​[162]​ La Defensoría del Pueblo confirmó el 24 de ese mes que la línea no contaba con un protocolo para atender las denuncias.[163]​

Liberación del «Negro Bemba»

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El 5 de octubre, Alex Arca, alias «Negro Bemba», fue liberado luego que el Poder Judicial anulara la condena de cadena perpetua en su contra. Arca, a quien se le atribuye ser la mano derecha de Erick Moreno, alias «El Monstruo», estaba recluido en el penal de Challapalca y había sido partícipe de diversos crímenes entre ellos el asesinato de un cambista y un policía.[164]​[165]​

Masacre en El Callao

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El 8 de octubre, una combi fue atacada por sicarios en El Callao. El ataque fue realizado por un sicario que se había hecho pasar por un pasajero. Producto del ataque, murieron 4 personas, entre ellos el conductor del vehículo, el ciudadano venezolano Eduardo José Carreño, su pareja Jossmery Vílchez Sánchez y los pasajeros Silvia Cayo y Luis César Felipe Vidal. Además, se reportó 3 heridos, entre ellos un menor de edad. Según detalló el ministerio del interior, el accionar se debió a un ajuste de cuentas.[166]​[167]​[168]​

Liberación de «Turbo»

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El 13 de octubre trascendió que el narcotraficante Óscar Rodríguez Gómez, alias «Turbo», fue liberado por el Quinto Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional a pesar de que el Tribunal Constitucional había rechazado de forma previa la reducción de su condena de 30 años. Se reportó que Rodríguez, involucrado en la planeación de un atentado contra el juez Richard Concepción Carhuancho y de proseguir con sus actividades ilícitas estando en prisión, fue a vivir a Lima Norte tras su liberación.[169]​[170]​

Asesinato de profesor en Ate

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El 14 de octubre, el profesor Julio César Pacheco, fue asesinado por un pistolero que se hacía pasar por repartidor de comida para llevar en el colegio Julio C. Tello del distrito de Ate. El asesinato se produjo en presencia de los escolares, y los agresores huyeron en una moto con su cómplice. Si bien no tenía antecedentes policiales, cabe señalar que Pacheco fue primo lejano de Dina Boluarte,[171]​ y que su hermana fue señalada como intermediaria entre Boluarte y Vladimir Cerrón durante el gobierno de Pedro Castillo.[172]​

Más tarde, los padres de los alumnos protestaron indignados en el lugar de los hechos y exigieron a la presidenta Dina Boluarte que acabara con la delincuencia. Asimismo, el ministro de Educación, Morgan Quero, expresó su solidaridad con las familias afectadas, pero fue rechazado por los padres de familia, quienes, a gritos, expulsaron al ministro del colegio.[173]​

Asesinato de Thalía Manrique Castillo

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El 3 de noviembre, cuando el grupo de música recientemente fundada Hermanos Guerrero regresaba a Jaen (Cajamarca), su autobús fue interceptado por seis asaltantes en Bagua Grande (Amazonas). En medio del caos, uno de los criminales subió al vehículo y comenzó a disparar. Como resultado, la cantante Thalía Castro Manrique falleció tras recibir un impacto de bala. [174]​[175]​[176]​

Diversas agrupaciones musicales como Grupo 5 mandarían sus condolencias y condenarían el violento acto.[177]​

Véase también

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Referencias

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