Repertorio Arqueológico Nacional

El Repertorio Arqueológico Nacional (en rumano: Repertoriul Arheologic Național, RAN) de Rumanía fue establecido por el decreto gubernamental nº 43/2000 sobre la protección del patrimonio arqueológico y la declaración de yacimientos arqueológicos como áreas de interés nacional^[1] y por el decreto del ministerio de Cultura nº 2458 de 21 de octubre de 2004 sobre el Reglamento del Repertorio Arqueológico Nacional.^[2]

El Repertorio Arqueológico Nacional, administrado por el Ministerio de Cultura a través del Instituto Nacional de Patrimonio, incluye datos científicos, cartográficos, topográficos, imágenes y planos, así como cualquier otra información relativa a:

Áreas con potencial arqueológico conocido e investigado, áreas con potencial arqueológico conocido e inexplorado, así como áreas cuyo potencial arqueológico se conozca por casualidad o como resultado de investigaciones arqueológicas preventivas o de rescate.
Monumentos, conjuntos y sitios históricos donde se han realizado o se están llevando a cabo investigaciones arqueológicas.
La información científica sobre los bienes muebles descubiertos en las zonas o en los monumentos históricos previstos en los dos puntos anteriores.
Yacimientos arqueológicos destruidos o desaparecidos.

Cada yacimiento arqueológico registrado en el Repertorio Arqueológico Nacional está asociado con un código RAN.

El Repertorio Arqueológico Nacional es una forma de gestión científica que permite un inventario general y la visualización geográfica y cartográfica de la información recopilada con el fin de gestionar, proteger y valorizar el patrimonio arqueológico. Tiene como finalidad localizar y valorar con la mayor precisión posible el patrimonio arqueológico conocido, valorar las zonas donde el patrimonio está amenazado por factores de riesgo y localizar nuevos yacimientos arqueológicos.

Como resultado de la protección especial de los sitios arqueológicos inscritos en el Repertorio Arqueológico Nacional, los propietarios o arrendatarios, personas naturales o jurídicas de derecho privado, tienen derecho a recibir indemnizaciones por las rentas agrícolas no realizadas de las tierras objeto de la excavaciones arqueológicas durante el período en que se realicen, en las cantidades y en las condiciones que establezca el baremo aprobado por decisión del Gobierno.